La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) reforzó las medidas contra la tienda Hugo Boss México, ubicada en el Centro Comercial Outlet Puebla Premier, en el municipio de Coronango, luego de detectar que el establecimiento continuaba comercializando productos pese a contar con sellos de suspensión vigentes.
De acuerdo con el director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona General Ignacio Zaragoza, Uriel Erazo García, la visita de supervisión se realizó con el propósito de verificar el cumplimiento de la medida precautoria impuesta previamente por infringir disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Durante la diligencia efectuada el pasado 6 de mayo, personal de la dependencia constató que el establecimiento seguía operando y comercializando productos, a pesar de las restricciones impuestas por la autoridad, lo que representa un incumplimiento directo a la suspensión ordenada por PROFECO.
Ante esta situación, la Procuraduría procedió nuevamente a colocar sellos de suspensión en los accesos de la tienda para garantizar el cumplimiento de la medida y proteger los derechos de las personas consumidoras.
Asimismo, la dependencia advirtió que desacatar este tipo de medidas precautorias puede derivar en sanciones económicas severas, las cuales podrían alcanzar hasta los 4 millones 274 mil 960 pesos, conforme a la normatividad vigente.
Como antecedente, PROFECO recordó que durante una visita de verificación realizada el 4 de mayo se detectaron diversas irregularidades en el establecimiento, entre ellas la falta de información clara sobre restricciones aplicables a la comercialización, la omisión de avisar que no se realizan cambios ni devoluciones, la ausencia visible del aviso de privacidad y la falta de información sobre las formas de pago aceptadas.
Por estas anomalías, la autoridad impuso inicialmente la medida precautoria de suspensión de actividades comerciales.
Finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor reiteró su compromiso de mantener operativos permanentes de vigilancia para garantizar que los establecimientos comerciales cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor y eviten prácticas que afecten los derechos y la economía de la población.
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