La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar si grupos delictivos tienen relación con el conflicto político que enfrenta el municipio de Acatlán de Osorio, informó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
El mandatario estatal señaló que las indagatorias buscan esclarecer los hechos que han derivado en una confrontación al interior del ayuntamiento, luego de que la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas, denunciara amenazas en su contra y acusara la posible intervención de integrantes de organizaciones criminales que operan en la región limítrofe entre Puebla y Oaxaca.
Armenta subrayó que se trata de un asunto delicado que requiere una investigación exhaustiva por parte de las autoridades ministeriales, por lo que llamó a evitar especulaciones y permitir que las instancias competentes determinen responsabilidades.
Asimismo, rechazó las versiones que sugieren una presunta protección de su administración hacia la alcaldesa o hacia grupos delictivos. En ese contexto, respondió a declaraciones de actores políticos que han cuestionado la actuación del gobierno estatal y reiteró que la prioridad es garantizar la gobernabilidad y la seguridad en la región.
El gobernador recordó que la zona sur de Puebla enfrenta retos importantes en materia de seguridad debido a su ubicación estratégica, por lo que insistió en que las investigaciones deben desarrollarse con seriedad y apego a la ley.
Por su parte, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, informó que la alcaldesa de Acatlán ya cuenta con medidas de protección derivadas de las amenazas que hizo públicas en fechas recientes.
El funcionario reconoció que los señalamientos realizados por la presidenta municipal representan un riesgo para su integridad; sin embargo, consideró fundamental que este tipo de situaciones sean denunciadas para que puedan ser investigadas por las autoridades correspondientes.
Aguilar Pala explicó que será la Fiscalía la encargada de determinar si existen vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales, aunque reconoció que las investigaciones contemplan la posible participación de grupos delictivos en el conflicto político que atraviesa el municipio.
Añadió que el Gobierno del Estado mantiene abiertos los canales de diálogo con las distintas partes involucradas, con el objetivo de encontrar una solución institucional que evite una mayor escalada del conflicto.
Incluso, señaló que la eventual conformación de un Concejo Municipal podría analizarse únicamente como una medida extraordinaria, en caso de que no existan condiciones para restablecer los acuerdos entre autoridades municipales, regidores y ciudadanía.
La crisis política en Acatlán se intensificó después de que integrantes del Cabildo aprobaran la destitución del secretario de Seguridad Pública Municipal y del secretario general del Ayuntamiento, bajo el argumento de presuntas irregularidades administrativas y de gestión.
En respuesta, la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas sostuvo que dichas decisiones obedecen a intereses particulares y aseguró que fueron tomadas fuera de los procedimientos legales establecidos, lo que profundizó la disputa política que actualmente es objeto de investigación por parte de las autoridades estatales.
Por: Erick Flores García
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