l gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas investigaciones sobre el conflicto político que se vive en el municipio de Acatlán de Osorio, ante posibles vínculos de autoridades y actores involucrados con grupos delictivos que operan en la zona limítrofe entre Puebla y Oaxaca.

Lo anterior ocurre luego de que la presidenta municipal de Acatlán, Guadalupe Lucero Bárcenas, señalara públicamente que detrás del movimiento impulsado por algunos regidores para promover su revocación de mandato estaría Pedro Flores Romero, alias “El Peye”, identificado por la alcaldesa como presunto líder del grupo criminal conocido como “Los Rojos”.

En ese contexto, Armenta rechazó las acusaciones de que el Gobierno del Estado esté interviniendo para impedir la revocación de mandato o brindar protección a organizaciones delictivas, como lo sugirió la diputada priista Delfina Pozos.

El mandatario pidió actuar con responsabilidad ante la complejidad del caso y sostuvo que existen investigaciones en curso para esclarecer si grupos criminales han intentado influir en la vida política y administrativa del municipio.

“Es delicado hablar a la ligera. Yo no sé si la diputada tenga información de quiénes son los delincuentes que están detrás de los problemas de Acatlán; la invitaría a informarse porque es un tema delicado”, expresó.

Asimismo, recordó el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, ocurrido recientemente en la región, hecho que derivó en reuniones de coordinación entre autoridades de Puebla y Oaxaca para reforzar las estrategias de seguridad en la zona.

Por su parte, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, informó que se otorgó protección personal a la alcaldesa de Acatlán tras las denuncias públicas sobre amenazas en su contra.

El funcionario reconoció que los señalamientos realizados por la edil podrían colocarla en una situación de riesgo, aunque destacó la importancia de denunciar públicamente hechos que puedan estar relacionados con presiones o actividades ilícitas.

Aguilar Pala precisó que será la Fiscalía la instancia encargada de determinar si existen responsabilidades penales o vínculos con grupos criminales; sin embargo, reconoció que hay indicios que ameritan una investigación profunda.

“Como ustedes saben, presuntamente detrás de todo el tema hay algunas bandas que ella señaló; es delicado y compete a la Fiscalía investigar la situación”, indicó.

El titular de Gobernación agregó que el Gobierno del Estado privilegiará el diálogo para atender el conflicto institucional en Acatlán. Incluso reveló que una comisión integrada por representantes de Gobernación, Seguridad Pública, Fiscalía y Derechos Humanos acudió recientemente al municipio para reunirse con los regidores inconformes, aunque éstos no asistieron al encuentro.

El conflicto se intensificó el pasado 15 de junio, cuando integrantes del Cabildo aprobaron la destitución del secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Alberto Domínguez López, y del secretario general del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez, argumentando presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia y abuso de autoridad.

En respuesta, la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas sostuvo que las acciones emprendidas por algunos miembros del Cabildo responden a intereses políticos y económicos particulares, además de que, aseguró, se realizaron al margen de los procedimientos legales establecidos.

Por: Erick Flores García