La presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Lupita Bárcenas, formalizó su matrimonio con Juan Alberto Domínguez López, exdirector de Seguridad Pública del municipio, mientras continúa en análisis la solicitud de revocación de mandato promovida en su contra ante el Congreso del Estado.
La noticia comenzó a difundirse luego de que en redes sociales circulara una copia del acta matrimonial, documento que acredita que la unión civil fue registrada en el municipio de Atlixco y cuya certificación fue emitida este 24 de junio.
Según los datos asentados en el registro oficial, el matrimonio quedó inscrito el pasado 23 de junio de 2026 en la Oficialía número 0003, correspondiente al Libro 2, bajo el acta 00211.
La formalización de la unión generó comentarios en el ámbito político local debido al contexto que enfrenta actualmente la alcaldesa, quien permanece bajo la atención de autoridades legislativas y de organismos fiscalizadores.
Durante una entrevista con medios de comunicación, la diputada local del PRI, Delfina Pozos Vergara, hizo referencia al matrimonio y cuestionó el momento en que se llevó a cabo, considerando la situación política y administrativa que atraviesa la edil.
Las declaraciones se produjeron mientras el Congreso del Estado mantiene abierto el procedimiento derivado de la petición para retirar del cargo a la presidenta municipal de Acatlán de Osorio.
Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, informó que el expediente continuará su trámite legislativo una vez que sea remitido a la Comisión de Gobernación, instancia encargada de realizar el análisis correspondiente.
De manera paralela, la Fiscalía General del Estado desarrolla investigaciones para determinar si existen posibles responsabilidades relacionadas con los hechos que originaron el procedimiento legislativo.
Asimismo, la Auditoría Superior del Estado mantiene una revisión externa sobre la administración municipal como parte de las acciones institucionales emprendidas para esclarecer la situación que enfrenta el gobierno de Acatlán de Osorio.
Mientras avanzan las investigaciones y el proceso legislativo, el caso continúa generando atención tanto en el ámbito político como entre la ciudadanía, debido a las posibles implicaciones administrativas y legales que podrían derivarse de las indagatorias en curso.
Por: Erick Flores García
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