El Gobierno del Estado pondrá en marcha un operativo de inspección y vigilancia en los sitios de disposición final de residuos sólidos, luego de detectar que la mayoría opera de manera irregular y que los rellenos sanitarios autorizados se encuentran prácticamente al límite de su capacidad.

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Marilyn Ballesteros García, informó que en Puebla se tienen identificados 83 espacios destinados al depósito de residuos. De ellos, únicamente 10 cuentan con autorización como rellenos sanitarios, mientras que los 73 restantes corresponden a tiraderos no controlados o clandestinos.

Ante este panorama, la funcionaria adelantó que se iniciarán recorridos de supervisión en diferentes municipios para verificar las condiciones en las que operan estos sitios. Como resultado de estas revisiones, se procederá a la clausura de aquellos que incumplan la normatividad ambiental, ya sea por funcionar de manera ilegal o por haber rebasado su capacidad de operación.

Ballesteros García explicó que la administración estatal busca atender de fondo esta problemática mediante la creación de Centros de Transformación de residuos, un proyecto impulsado por el gobernador Alejandro Armenta. Indicó que la meta es poner en funcionamiento al menos dos de estos centros antes de que concluya el año.

Uno de los proyectos con mayor avance se desarrolla en San Martín, donde se contempla el procesamiento de hasta 110 toneladas diarias de residuos generados en municipios de la cuenca del río Atoyac, con el propósito de disminuir la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios.

La titular de la dependencia agregó que también se avanza en el programa FertiPue, estrategia enfocada en la recuperación ambiental del Lago de Valsequillo. Entre las acciones realizadas destacan estudios técnicos, la adquisición de maquinaria para la recolección y procesamiento de lirio acuático, así como jornadas de reforestación.

Como ejemplo de la problemática que enfrenta la entidad, mencionó el relleno sanitario de Chiltepeque, el cual permanece parcialmente clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a irregularidades como la recepción de residuos provenientes de otros municipios y deficiencias en el manejo de lixiviados.

La secretaria señaló que la situación de Chiltepeque refleja las condiciones en las que se encuentran diversos sitios de disposición final en el estado, por lo que las acciones de inspección y vigilancia se intensificarán con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y reducir los riesgos para la salud y el entorno.

Por: Erick Flores García