José Luis García Parra sostuvo que la resolución contra el exalcalde de Puebla corresponde a un procedimiento institucional y recordó que todavía puede recurrir a los mecanismos legales para impugnarla.

La sanción económica de 15 millones de pesos y la inhabilitación por 15 años para desempeñar cargos públicos impuestas al expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, no responden a una persecución política, aseguró el coordinador de Gabinete del Gobierno estatal, José Luis García Parra.

El funcionario se pronunció sobre la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla y rechazó que exista una estrategia gubernamental para actuar en contra del exalcalde o de cualquier otro exservidor público.

Durante una conferencia de prensa, García Parra afirmó que las instituciones deben actuar conforme a sus atribuciones y que ninguna figura política puede colocarse por encima de los procedimientos establecidos en la ley.

Asimismo, aseguró que la administración estatal se encuentra enfocada en la ejecución de obras, programas y proyectos dirigidos a la población, por lo que descartó que sus actividades estén orientadas a confrontaciones de carácter partidista.

Aunque reconoció que desconoce los elementos específicos que sustentaron la resolución contra Rivera Pérez, señaló que corresponde a las instancias competentes revisar las posibles irregularidades y establecer las responsabilidades que procedan.

También recordó que existen investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos en diferentes municipios de Puebla, las cuales deben desarrollarse mediante los procedimientos correspondientes.

García Parra puntualizó que la resolución contra el exalcalde se encuentra en una primera instancia, por lo que todavía dispone de recursos legales para cuestionar la determinación.

Finalmente, insistió en que los procedimientos de fiscalización y rendición de cuentas no deben confundirse automáticamente con acciones de persecución política.

Por: Erick Flores García